LIMA, (ZENIT-FIDES).- En los últimos cinco años, el gobierno peruano ha venido aplicando machaconas políticas de control demográfico como respuesta casi exclusiva a los altos índices de pobreza y desempleo que se han agudizado en el último año, a raíz del impacto que la crisis asiática ha tenido en el país.

La Iglesia considera que la campaña del gobierno peruano no afronta en su raíz el problema: la creación de nuevas fuentes de riqueza y la justa distribución local de los bienes que la selva produce y que son llevados a otras regiones: el petróleo por la vía del oleoducto norperuano, y la madera por el río Ucayali.

Según monseñor Julián García Centeno, vicario apostólico de Iquitos, la campaña que ha cumplido ya siete años, lo único que ha hecho es «agravar aún más la crisis moral y familiar que enfrentan nuestras sociedades: ha disminuido el número de hijos en los matrimonios legalmente constituidos, pero ha alentado un alarmante incremento en las uniones de hecho y en las relaciones extraconyugales».

El último informe del Instituto Nacional de Estadística e Información (INEI), señala que el 27,3% del total de la población peruana vive en extrema pobreza, mientras que un 37,6% de los peruanos tienen escasos recursos económicos. La pobreza extrema se agudiza en las zonas rurales --la alta sierra y la llamada selva baja--, donde el índice de pobres del país llega al 47,1%.

El gobierno del Presidente Fujimori, en vez de generar formas locales de desarrollo --tal como proponen algunos expertos de organismos internacionales que han evaluado las posibilidades de progreso de la región-- ha concentrado sus esfuerzos en la reducción de la tasa de población con la excusa de que el número de nacimientos en la selva es demasiado elevado. En efecto, la Amazonia peruana, con un promedio de 5,3 hijos por mujer, tiene la tasa de natalidad más alta del país, pero también la mortalidad infantil más alta y el índice de población por km2 más bajo del Perú, y uno de los más bajos del continente.

Diversos casos de esterilización forzada en la región, especialmente en las postas médicas de la red de salud del gobierno, fueron denunciados el año 1997 ante el congreso peruano y luego ante el congreso de Estados Unidos. Varias mujeres perdieron la vida al ser esterilizadas de cualquier manera por agentes sanitarios locales. El gobierno prometió cambiar la política, pero, según insistentes testimonios de la Iglesia, la falta de respeto por la libertad y dignidad de las mujeres se mantiene en vigor.