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A
nuevo juicio militares salvadoreños
Familiares
de misioneras asesinadas
no se desaniman con el veredicto

Misioneros
de Maryknoll muestran las fotos
de las misioneras asesinadas en 1980
WEST PALM BEACH, Florida (CNS) — Los
familiares de las cuatro misioneras estadounidenses
asesinadas hace 20 años en El Salvador expresaron el
pasado 3 de noviembre que estaban sorprendidos pero no
decepcionados tras la absolución que un jurado federal
otorgó a dos ex-generales salvadoreños vinculados con el
crimen.
“Aunque no ganamos, no perdimos”,
dijo Bill Ford, abogado de Nueva York y hermano mayor de
la Hna. Ita Ford, una de las cuatro misioneras de la
comunidad Maryknoll asesinadas por fuerzas de seguridad
salvadoreñas en 1980.
Ford ha ejercido un papel importante
entre los familiares de las misioneras al trabajar con el
Comité de Abogados por los Derechos Humanos. La
organización llevó a juicio a los dos oficiales
militares bajo el Acta para la Protección de Víctimas de
Torturas, aprobada en 1992.
Tras el juicio de cuatro semanas Ford
indicó que las familias de las misioneras estaban
simplemente agradecidas por la oportunidad de relatar su
historia en una corte federal. Hace dos años supieron que
los salvadoreños Carlos Eugenio Vides Casanova y el ex-Ministro
de Defensa, José Guillermo García, residían en la
Florida desde 1989, haciendo posible la demanda.
“Ahora más personas conocen las
atrocidades y más víctimas de estos individuos aparecerán”,
dijo Ford. “No hemos terminado con ellos”.
El veredicto fue dado a conocer un mes
previo al vigésimo aniversario de la muerte de las
religiosas Ita Ford y Maura Clarke, de Maryknoll, Dorothy
Kazel de las Ursulinas y la misionera laica Jean Donovan.
En 1984 cinco miembros de la Guardia
Nacional salvadoreña fueron convictos por los asesinatos
y sentenciados a 30 años de prisión. Cuatro años más
tarde, cuatro de los militares indicaron que habían
seguido órdenes de sus superiores.
"Estoy sorprendida", expresó
Carol Clarke tras conocer el veredicto. Clarke es
residente de la Florida y cuñada de Maura Clarke.
"La evidencia era clara de que estos generales fueron
responsables; es totalmente absurdo", añadió.
Dos
abogados de la Florida
—Robert Kerrigan, de Pensacola, y Robert
Montgomery de Palm Beach— se encargaron del caso 'pro
bono'. Ambos consideran que el eje de la demanda pudo
haber sido distorsionado al final del caso por lo que el
jurado no tuvo claro su función.
El juez de la corte de distrito, Daniel
T. K. Hurley explicó al jurado que bajo la ley
internacional y de los E.U., un comandante militar está
obligado a controlar sus tropas y evitar que torturen o
maten sin habérsele ordenado.
El juez también indicó que los
demandantes debían probar que dichas actividades se
realizaron en El Salvador durante el tiempo en que las
misioneras fueron asesinadas, que ambos oficiales supieron
del suceso y ninguno trató de prevenirlo.
Kerrigan y Montgomery creen que el
jurado estuvo confundido y someterán una moción para un
nuevo juicio.
Tanto Vides Casanova como García
enfrentan otro juicio el mes próximo. En este caso un médico
salvadoreño alega haber sido torturado en El Salvador
mientras realizaba labores de asistencia en 1980 y una
mujer, también salvadoreña, perdió su criatura por
nacer a consecuencia de las torturas.
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