Presionan sobre el caso de Mons. Romero

La Iglesia Católica salvadoreña señala incumplimiento por parte del gobierno

WASHINGTON (CNS) — Una representante de la Iglesia Católica de El Salvador solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que ejerza presión ante el gobierno salvadoreño para que se investigue seriamente el asesinato del arzobispo Oscar A. Romero ocurrido en 1980.

María Julia Hernández, directora de la Oficina de Asistencia Legal de la Arquidiócesis de San Salvador, dijo que el gobierno no ha cumplido con una decisión  que la Comisión tomó el año pasado en la que se solicitaba la reapertura del caso y la abolición de la ley de amnistía, la cual obstaculiza la presentación de los sospechosos en juicio.

"El estado está protegiendo a asesinos y conspiradores", expresó Hernández tras testificar ante la Comisión, la cual pertenece a la Organización de Estados Americanos. "Las personas involucradas en la conspiración y que todavía están vivas son parte de las estructuras políticas, económicas y de la fuerza militar".

El arzobispo Romero fue asesinado el 24 de marzo de 1980 mientras celebraba la Misa. El prelado fue un fuerte crítico del ejército y acusó a las fuerzas de seguridad de violar los derechos humanos durante la guerra civil en el país. El Arzobispo había solicitado a los soldados que desobedecieran las órdenes de matar a gente inocente.

En 1993 una comisión salvadoreña establecida tras la guerra civil para investigar los casos de violación de los derechos humanos mencionó a varias personas como los organizadores y ejecutores del asesinato del Arzobispo. Poco después la legislatura pasó una ley de amnistía general que encubrió los nombres de los sospechosos a pesar de las solicitudes que la Iglesia y organizaciones de los derechos humanos habían presentado para que aquellos fueran excluidos de cualquier amnistía.

En su testimonio el 15 de noviembre, Hernández solicitó a la Asamblea General de la OEA una condena a El Salvador por no cumplir con las recomendaciones de la comisión. También pidió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que decida si la amnistía impide el cumplimiento de la justicia en casos de violación de los derechos humanos.