El Arzobispo le da seguridad a los católicos

Ningún sacerdote de la Arquidiócesis de Miami sobre el que pesen acusaciones creíbles sigue en servicio activo

El arzobispo John C. Favalora. (Foto Reuters)

Ana Rodríguez-Soto
The Florida Catholic

MIAMI — El arzobispo John C. Favalora anunció la semana pasada que funcionarios de la Arquidiócesis han revisado los expedientes de los sacerdotes activos para asegurar que ninguno sobre el que pesen acusaciones creíbles de conducta sexual indebida con menores permanece activo en el ministerio en el Sur de la Florida.

En una entrevista con The Florida Catholic, el Arzobispo también dijo que los funcionarios diocesanos se están reuniendo con las autoridades locales para ver si es necesario reportar formalmente a la policía pasadas imputaciones de abuso sexual.

Además, el arzobispo Favalora dijo que está reajustando la composición del equipo de respuesta, que debe revisar cualquier nueva imputación de abuso sexual contra sacerdotes o empleados arquidiocesanos, para que sus miembros “sean independientes” de la administración arquidiocesana.

Durante los 45 minutos de entrevista, el Arzobispo recalcó que la mayoría de los casos que actualmente ocupan los titulares de los periódicos son de hace 15, 20 años o más, cuando la mayoría de las diócesis de Estados Unidos, incluidas las de la Florida, no tenían una política para lidiar sistemáticamente con imputaciones de abuso sexual. Los obispos de la Florida adoptaron una serie de regulaciones en 1986.

En la Arquidiócesis, “hemos revisado nuestros expedientes exhaustivamente dos veces en los últimos meses. Si encontramos alguna situación del pasado que no pasó por el debido proceso, inmediatamente entregamos esos casos a un equipo de respuesta”, dijo el Arzobispo.

Al mismo tiempo, al sacerdote se le informa que “no podrá continuar su ministerio sacerdotal en la Arquidiócesis hasta que se llegue a una determinación sobre las pasadas imputaciones”.

El arzobispo Favalora señaló que la mayoría de los casos que están en las noticias en la actualidad no se ajustan a la definición técnica de pederastia, que es atracción sexual por un niño que aún no es púber.

Aclaró que el término sicológico para la mayoría de los casos de abuso sexual reportados es efebofilia, que significa atracción sexual por los adolescentes.

Los que practican la pederastia, generalmente son abusadores en serie, mientras que en los casos de efebofilia puede no haber recurrencia de conducta sexual impropia con menores.

De todas formas, el Arzobispo aclaró: “Soy de la opinión que cualquier sacerdote que se haya determinado que ha estado implicado en una conducta sexual indebida con un menor, no importa la edad del menor, no puede volver nunca al ministerio”, porque ese sacerdote “ha destruido la confianza inherente a su ministerio”.

El arzobispo Favalora también habló sobre los temas de “los pagos por su silencio” a las víctimas, la homosexualidad en el sacerdocio y el proceso al que los sacerdotes tienen derecho según el derecho canónico.

 “Toda persona tiene el derecho a un buen nombre. Incluso si ha hecho algo malo, no tenemos el derecho de darlo a conocer”, dijo el Arzobispo, a menos que sea una violación de la ley civil y por lo tanto se debe reportar a las autoridades civiles.

 “Si hay algún tipo de acto criminal, obviamente será del dominio público, porque las autoridades lo harán público”. Y agregó: “Si se prueba, entonces es una cuestión diferente. Se convierte en un hecho. Pero hasta que ambas cosas no sucedan estamos en la obligación de ser muy cuidadosos al lidiar con esto”.

P. Arzobispo, actualmente la Iglesia está pasando por momentos muy difíciles. En Boston están pidiendo la renuncia del cardenal Bernard Law y Palm Beach ha perdido a su segundo obispo en los últimos cuatro años por imputaciones de abuso sexual a menores en décadas anteriores. ¿Qué nos puede decir acerca de esta situación aquí en Miami?

R. Ante todo, me gustaría hablar de la situación de la Iglesia en general en Estados Unidos, para decir que estamos pasando por una crisis muy seria, que tiene que ver con la manera en que lidiamos con las imputaciones de conducta sexual impropia de nuestros sacerdotes o cualquier otro empleado de nuestra Arquidiócesis. El hecho es que desde hace unos 10 años los obispos de nuestro país han adoptado una política general que debe estar en vigor en cada diócesis. Creo que la mayoría de las diócesis la tienen, aunque evidentemente, no ha sido uniforme, lo cual crea un problema muy serio. La responsabilidad que tienen los obispos de seguir su política es muy importante.

Realmente, desconozco la situación específica en Boston y en otros lugares, pero puedo asegurarle con certeza a la gente de la Arquidiócesis de Miami que la política que tenemos desde 1986, y que después fue adoptada en todo el estado, se ha puesto en vigor en la Arquidiócesis de Miami cada vez que ha sido necesario. Nos hemos comprometido a seguir esa política fielmente.

P. ¿Cuáles son esas regulaciones?

R. Cuando se hace una imputación contra cualquiera de nuestros empleados de haber abusado sexualmente de un menor de 18 años, tenemos que hacer una revisión interna de esa imputación y si es verificable, debemos pasarla al equipo de respuesta, que me hace recomendaciones sobre lo que debe hacerse con la persona implicada.

Cuando hablamos de un empleado o de un sacerdote, quiere decir que mientras se investiga la imputación, a la persona se le otorga una licencia administrativa. Si es un sacerdote esto significa que no puede ejercer el sacerdocio. Se le retiran sus facultades como sacerdote.

El equipo de respuesta puede llegar a la conclusión que no sucedió nada de importancia. O quizás recomiende que la persona reciba tratamiento, en cuyo caso se analizará más adelante si esta persona puede o no ejercer su ministerio nuevamente.

Además de eso, por supuesto, cualquier imputación que se nos presente en que esté implicado un menor debe ser reportada.

Pero hay una zona gris en todo esto. ¿Qué pasa si alguien viene con una imputación de abuso sexual de hace 15, 20, ó 30 años? ¿Dicta la ley que se reporte? Estamos en discusiones con las autoridades para ver cómo ellos lo interpretan. Si determinan que estos casos deben reportarse, nosotros, por supuesto, cumpliremos con ello, porque nuestra política ha sido siempre cumplir con las leyes del estado de reportar estos incidentes.

P. ¿Qué pasa con las imputaciones anónimas?

R. Cada imputación, anónima o no, debe investigarse. Hay casos en que las personas no quieren revelar su identidad, tenemos que respetar ese deseo y trabajar con esos casos lo mejor que podamos.

P. Usted mencionó imputaciones de hace 15, 20 ó 30 años. ¿Está la Arquidiócesis revisando sus expedientes?

R. Sí. De hecho, hemos revisado exhaustivamente nuestros expedientes dos veces en los últimos meses. Si salía a relucir cualquier situación del pasado que no tuvo el proceso debido, inmediatamente se la hemos pasado al equipo de respuesta. En estos casos se le informó al sacerdote y se le dijo que debía tomar una licencia administrativa. Si el sacerdote no quiso que se revisara su caso, nosotros respetamos su deseo, pero se le comunicó que no podría continuar ejerciendo su ministerio sacerdotal en la Arquidiócesis hasta que se determine sobre las pasadas imputaciones que por una u otra razón no se procesaron.

El proceso que tenemos ahora no existía hace 15 años. Por lo tanto, los casos que encontramos en los expedientes pueden ser casos procesados de una manera muy diferente a la que hemos adoptado ahora.

P. ¿Quiénes forman el equipo de respuesta arquidiocesano?

R. Las regulaciones del estado de la Florida indican que el obispo organiza el equipo. Puede variar en número de miembros. Se sugiere que incluya alguien designado por el obispo, alguien que él quiera que lo represente, el abogado diocesano, sicólogos o siquiatras, algunos laicos y quizás el director de comunicaciones de la Diócesis.

En el pasado hemos limitado nuestro equipo a un número pequeño: mi representante y un abogado diocesano. Sin embargo, en estos momentos estoy reorganizando ese equipo para que tenga cuatro miembros: un abogado civil y un abogado canónico, un siquiatra o psicólogo y el cuarto, un representante de mi elección.

La mayoría de ellos serán laicos. No pienso incluir a ninguno de nuestros administradores diocesanos para que el equipo de respuesta sea completamente independiente de la administración arquidiocesana.

P. Constantemente se les recuerda a los católicos la mayordomía: nuestra responsabilidad de entregar a la Iglesia algo de lo que Dios nos ha dado, nuestro tiempo, nuestros talentos y tesoros. Pero la mayordomía también se aplica a quienes dirigen la Iglesia. ¿Es acaso buena mayordomía pagar calladamente grandes sumas de dinero para cerrar casos de abuso sexual contra sacerdotes sin informarle a la grey quién donó ese dinero?

R. Hay un falso concepto en los llamados “arreglos”. A veces la diócesis llega a un acuerdo sobre un caso que no puede probar de ninguna manera. Muchas veces la víctima simplemente no quiere llevarlo a la corte porque no quiere revelar su identidad. Pero uno puede ofrecer al menos pagarle a esa persona un tratamiento psicológico. Eso se ha hecho en muchos casos. ¿Se considera eso un pago para comprar el silencio? No lo creo. Se trata de extender el cuidado pastoral al tiempo que se respeta el deseo de confidencialidad de la víctima.

Puedo asegurar que cada vez que se llega a un arreglo, jamás se usa el dinero parroquial. Esos casos los cubre nuestro seguro. Todos tenemos seguros para estos casos al igual que los tenemos para otros tipos de responsabilidades. Cada año aparecen cientos de demandas contra las instituciones de la Iglesia, y a menudo resulta más económico llegar a un arreglo que pagar los gastos de corte y a los abogados.

P. ¿Qué deben hacer las personas que han sido víctimas de abuso sexual?

R. Como dije en mi reciente carta sobre el tema leída en todas las Misas durante el fin de semana del 20 y el 21 de abril, hay una línea telefónica estatal gratis para reportar este tipo de abusos. También tenemos un número telefónico directo para estos casos aquí en la cancillería. Después, si la imputación es verificable ponemos en acción nuestras regulaciones.

Puedo decir hasta donde sé, después de haber revisado los expedientes, que en la Arquidiócesis no hay nadie en la actualidad en el ministerio activo sobre quien pese una acusación creíble de abuso sexual.

P. Usted mencionó que muchos de los casos de los que hemos oído no son de pederastia sino de relaciones sexuales impropias con adolescentes. Un vocero del Vaticano dijo recientemente que el problema se debe en parte a que hay sacerdotes homosexuales. En su opinión, ¿es la homosexualidad en el sacerdocio un problema que la Iglesia Católica debe enfrentar, si no por otra razón, al menos, quizás, porque la gente la percibe como problema?

R. No hay duda de que se tiene que asumir este asunto y se hará cuando los obispos de este país investiguen las ramificaciones de estos escándalos. Sin embargo, científicamente no hay prueba de que un hombre homosexual tenga mayor disposición a la pederastia que un heterosexual. De hecho, la mayoría de los convictos de pederastia son heterosexuales y están casados. Por lo tanto, no hay una conexión científica entre el homosexualismo y la pederastia. 

Ahora bien, ¿es más propenso a hacer esto un sacerdote que tenga un estilo de vida homosexual? Esta es una pregunta muy válida que tiene ramificaciones serias. Yo fui director de un seminario, y si había alguna evidencia de actividad homosexual, esa persona tenía que abandonar el seminario inmediatamente y lo mismo se hacía con cualquiera que tuviera una actividad sexual heterosexual.

El hecho es que los votos de celibato nos exigen ser castos, lo cual significa que no podemos tener relaciones sexuales de ningún tipo. Si un homosexual está menos dispuesto a vivir una vida de celibato que un heterosexual, creo que es una cuestión que merece estudiarse. Repito, la pregunta tradicional sobre la moralidad de una persona para ser sacerdote, según la ley de la Iglesia, es: ¿puede vivir una vida célibe? Esa es la pregunta. ¿Se puede decir que este individuo es capaz de vivir una vida de celibato y que de hecho la vive? El personal del seminario tiene que determinarlo, lo mismo que las diócesis en la investigación de las personas, antes de que entren al seminario.

P. Usted fue miembro del Comité Ad Hoc de los Obispos de Estados Unidos sobre Abuso Sexual a principios de la década del 90. ¿Qué aprendió en aquel tiempo sobre la pederastia y cómo responder a las imputaciones de abuso sexual?

R. Sí, yo serví en ese comité por ocho años. Fuimos los primeros en lidiar con este problema. Teníamos obispos, asesores profesionales, psiquiatras, sicoanalistas y también consultoría legal. Estudiamos cada aspecto del asunto. Les dimos a los obispos regulaciones muy específicas. Instamos a cada obispo a asegurarse de que su diócesis tuviera una política y de que se cumpliera.

También trabajamos con el proceso de evaluación para cualquier sacerdote acusado de este tipo de conducta. Investigamos ampliamente todos los lugares donde se estaban realizando evaluaciones y tratamientos y compartimos nuestra revisión con los obispos para que pudieran saber cuáles eran los puntos débiles o fuertes de cada lugar. Después tuvimos una serie de ensayos informativos escritos por profesionales sobre varios temas relacionados. Todo lo cual se les comunicó a los obispos.

También tuvimos sesiones para escuchar a las víctimas. Esas personas estaban destruidas. Vivían atormentadas por lo que les había sucedido. Fue muy doloroso sentarse y escuchar aquello, porque algunas tenían su vida hecha pedazos y no podían recomponerla de nuevo. Incluso en algunos casos ni con una terapia profunda y continuada.

Las víctimas querían asegurarse de que tuviéramos regulaciones y procedimientos para impedir que eso pasara de nuevo. Así que estas sesiones fueron muy informativas. También teníamos a la mamá de una de las víctimas cuya actitud era muy positiva hacia la Iglesia, porque comprendía que lo que le pasó a su hijo fue culpa de un sacerdote. Ella era una de las asesoras del comité. También escuchamos a sacerdotes que habían abusado de un niño o de un menor.

Lo último con lo que tuvimos que trabajar fue con todo el asunto de la readmisión al ministerio. Y, desde luego, eso fue lo más difícil, porque con aquellos quienes habían recibido tratamiento, lógicamente surgía la pregunta: ¿puede esta persona regresar a su ministerio? Todavía este es el aspecto más difícil de todos.

En el pasado estaba muy claro que si alguien tenía una tendencia a la pederastia en el sentido estricto, alguien que abusa en serie de niños pre-púberes, estaba claro que no se podía permitir que esa persona regresara al ministerio.

Sin embargo, si era el caso de una persona que había tenido una única relación con un adolescente, entonces alguno de los centros de tratamiento daba una lista de las condiciones bajo las cuales esa persona podía regresar: si tenía un ministerio restringido, si se le observaba y si vivía con otras personas.

Pero la pregunta aún está vigente y desafortunadamente, los expertos no tienen una respuesta. Por lo cual es el obispo quien tiene que tomar la decisión. En este momento yo no podría verme reasignando al ministerio a un sacerdote que haya tenido una conducta sexual impropia con un menor, no importa la edad de éste.

Puede ser que esa persona nunca más cometa este tipo de acto sexual, que haya tenido un lapso moral, que haya bebido o que haya tenido un momento de debilidad. Pero el hecho es que por su profesión y ministerios públicos como sacerdote, ha abusado de la confianza y en mi opinión, por ese abuso, no debe volver al ministerio.

En conclusión yo diría del comité, que no creo que ningún grupo profesional haya sido sometido al escrutinio que ha tenido el sacerdocio a causa de todo esto. Ahora, esto no ha resuelto cosas pasadas que estaban escondidas en los expedientes ni situaciones que quizás no se procesaron debidamente incluso en el presente. Pero debe asegurarse el futuro, que habrá una situación mejor y que nosotros trabajaremos mucho más responsablemente con esto.

P. ¿Le preocupa que otros sacerdotes sean juzgados injustamente debido a la situación que existe en toda la nación?

R. Claro que sí. Pero creo que la estadística confiable es que sólo un uno o dos por ciento de los sacerdotes están involucrados en algún tipo de conducta sexual indebida. Sólo el 0.5 por ciento ha cometido pederastia, es decir la relación sexual con un niño de 12 años o menor. Poquísimos sacerdotes han hecho eso.

Pero la publicidad dada a este pequeño porcentaje de sacerdotes, pinta muy injustamente el sacerdocio como algo manchado. Esta es una flagrante y terrible irresponsabilidad que ha afectado la moral de los sacerdotes en todo Estados Unidos y probablemente en el mundo entero. Esto es simplemente una representación falsa de las maravillosas bendiciones que los sacerdotes de esta Arquidiócesis, así como los de todo el país, han sido para las personas a quienes han servido fielmente a través de los años.

Por tanto, como obispos, tenemos también una seria responsabilidad no sólo de asegurarnos que no tenemos ningún sacerdote en el ministerio activo que haya abusado de un menor, sino también de tratar de velar por el bienestar de nuestros sacerdotes que han servido fielmente.

P. En los casos en que se hayan hecho imputaciones de abuso sexual contra un sacerdote, ¿pueden trabajar en conjunto el derecho canónico y el civil o hay un conflicto inherente entre ambos?

R. Ante todo, la gente tiene que entender que a los sacerdotes los gobierna un grupo de leyes de la Iglesia y la relación de un obispo con un sacerdote se relaciona con esas leyes al igual que con las leyes civiles. En el caso de que haya imputaciones contra un sacerdote, tengo siempre que asegurarme que no se violen los derechos canónicos de este sacerdote. Tengo que ponerlo en un proceso especial para asegurar que se le haya dado la representación a que tiene derecho.

Yo no puedo sacar a un sacerdote de su ministerio a menos que haya alguna prueba en su contra o se haya llegado a alguna conclusión o que él admita haber hecho algo indebido. Desde el momento de su ordenación, tiene el derecho a ejercer su ministerio, a menos que se pruebe que no sirve para ello. Ahí es donde surgen las dificultades. ¿Qué criterio se sigue en estos casos? Es por eso que en nuestro equipo de respuesta quiero una persona canóniga, para que cuando surjan imputaciones contra un sacerdote, haya alguien allí que mire por los derechos del sacerdote tanto como por los derechos de la persona.

Es muy difícil para un obispo. Primero que todo, tenemos que mirar por el bienestar de la persona que ha sido maltratada. Tenemos que cuidar de la persona acusada y tenemos que mirar por el bienestar de la Arquidiócesis, porque, después de todo, hay acusaciones falsas.

P. Por ejemplo, ¿cómo puede ser diferente el derecho canónico de nuestro derecho civil?

R. Una de las cosas tiene que ver con la difamación. ¿Qué se dice en público y qué no debe decirse? Tenemos una obligación como Iglesia de proteger la reputación de nuestra gente. Incluso si alguien ha hecho algo indebido, no tenemos derecho a decirlo públicamente.

Ahora, cuando una persona ha violado una ley y las autoridades civiles obligan a reportarlo, no tenemos otra alternativa que hacer el reporte y desde ese momento se hace público. Pero no es la intención del derecho canónico que cada vez que una persona tiene un fallo moral yo lo haga público. Las enseñanzas de nuestra Iglesia acerca de la difamación establecen que aun cuando uno sepa que alguien ha hecho algo indebido, va en contra de las enseñazas de la Iglesia publicarlo. De la misma manera es malo que una persona haga falsas acusaciones que dañan a alguien, porque es una mentira y porque perjudica su buen nombre. Ambos casos pueden ser muy serios. 

Si es algún tipo de acto criminal, obviamente debemos reportarlo a las autoridades, que pueden hacerlo público. Y si se prueba, ya es una situación diferente. Se convierte en un hecho. Pero mientras esto no suceda, estamos en la obligación de ser muy cuidadosos al lidiar con ello.

También el derecho canónico supone que esos asuntos los resuelve la iglesia local; pero cuando una persona viola las leyes civiles tiene que responsabilizarse con las consecuencias. Por tanto hay dos operaciones al mismo tiempo y es muy difícil saber cuándo se pasa de una zona a la otra.

P. Como obispo y como sacerdote, ¿cómo la ha pasado bajo el peso de las acusaciones y de los constantes titulares en los periódicos?

R. Es una carga terrible porque mucho de lo que se está discutiendo en estos días en los medios de comunicación tiene que ver con la manera en que los obispos han manejado estas situaciones en el pasado. La verdad es que antes que todo esto comenzara, a principios de la década de 1980, los obispos se las tenían que arreglar lo mejor que pudieran. Veían estas cosas como fallos morales y las trataban de resolver con medios espirituales. No sabíamos nada de esto.

Ahora algunos de estos casos han vuelto para atormentarnos. Estaban enterrados en un expediente. Ningún obispo va a una oficina y lee 500 expedientes. Eso no hubiera pasado por nuestras mentes. Ahora estamos en una situación diferente. Realmente tenemos que vérnosla con eso más diligentemente que en el pasado; pero ahora está muy claro que cuando esos errores se cometieron y se siguieron dando escándalos, era la obligación del obispo lidiar con ellos. Es una carga muy pesada. Me pesa horriblemente y sé que lo mismo le pesa a todos los obispos.

Yo he sido muy claro al lidiar con estas cosas en la medida en que han llegado a mí, y muy claro al lidiar con lo que he encontrado en los expedientes. El problema es que al tratar de hacer esto, como es muy complicado, uno no va a complacer a todos. Algunos pensarán que uno es muy duro en tal aspecto, otros que muy benigno en tal otro, y algunos lo interpretarán mal y querrán culpar a la Iglesia por estas cosas.

Tenemos que aceptar nuestra parte de culpa, de eso no hay duda. Pero estoy convencido que la Arquidiócesis está en buena forma con relación a este tema, por tener una política en vigor y la determinación de seguirla y de reportar esas situaciones. Confío que el escrutinio en nuestro seminario producirá sacerdotes buenos y cabales para servir a nuestra gente en el futuro.