Declaración sobre Iraq

Conferencia Episcopal de Estados Unidos, Washington, D.C.
13 de noviembre de 2002

Mientras nosotros, los obispos católicos, nos hallamos reunidos aquí en Washington, nuestra nación, Iraq y el mundo enfrentan graves decisiones sobre la guerra y la paz, la justicia y la seguridad. Se trata no sólo de decisiones políticas y militares, sino morales, pues implican cuestiones de vida o muerte. La enseñanza tradicional cristiana ofrece principios éticos y criterios morales que pueden guiar esas decisiones críticas que se deben tomar.

Hace dos meses, el obispo Wilton Gregory, presidente de la Conferencia Episcopal de Estados Unidos, le escribió al presidente George Bush para dejarle saber que acogía los esfuerzos de centrar la atención mundial en la negativa iraquí de cumplir con varias resoluciones de Naciones Unidas en los últimos 15 años, y la búsqueda de ese país de armas de destrucción masiva. Esa carta, autorizada por el Comité Administrativo de los obispos, planteó serias interrogantes acerca de la legitimidad moral de cualquier uso preventivo unilateral de la fuerza militar para derrocar al gobierno de Iraq. Como cuerpo hacemos nuestras esas interrogantes y preocupaciones plasmadas en la carta del obispo Gregory, que toman en consideración acontecimientos recientes, especialmente la resolución unánime del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas del 8 de noviembre.

No albergamos ilusiones acerca de la conducta o de las intenciones del gobierno iraquí. El gobierno iraquí debe detener su represión interna, darle fin a las amenazas a sus vecinos, dejar de apoyar el terrorismo, abandonar sus esfuerzos por desarrollar armas de destrucción masiva, y destruir todas las armas existentes. Saludamos el hecho de que Estados Unidos ha trabajado en lograr nuevas acciones por parte del Consejo de Seguridad para asegurar que Iraq afronte su obligación de desarme. Nos unimos a los que urgen a Iraq a cumplir totalmente con la resolución más reciente del Consejo de Seguridad. Rezamos fervorosamente porque todos los implicados actúen para que la acción de las Naciones Unidas no constituya el preludio de una guerra, sino una vía para evitarla.

Aunque no podemos predecir lo que ocurrirá en las próximas semanas, deseamos que se aclaren asuntos acerca del fin y los medios. No ofrecemos conclusiones definitivas, sino nuestras preocupaciones e interrogantes con la esperanza de que nos ayude a todos a llegar a un juicio moral sensato. Las personas de buena voluntad pueden opinar diferente en cuanto a cómo aplicar las normas de una guerra justa en casos particulares, sobre todo cuando los acontecimientos se desarrollan con rapidez y los hechos no están totalmente claros. Basándonos en los hechos que conocemos, seguimos hallando difícil una justificación para recurrir a la guerra contra Iraq al carecer de evidencias claras y adecuadas de un inminente ataque de graves consecuencias. Junto a la Santa Sede y los obispos del Medio Oriente y de todo el mundo, tememos que recurrir a la guerra en las presentes circunstancias, y a la luz de la información pública actual, no alcanzaría las rigurosas condiciones de la enseñanza católica que permitirían el uso de la fuerza militar.

“La teoría de la guerra justa ha evolucionado… como un esfuerzo para prevenir la guerra; sólo si la guerra no puede ser evitada racionalmente, la enseñanza busca restringir y reducir sus horrores. Hace esto estableciendo rigurosas condiciones que deben darse para que la decisión de ir a la guerra sea permisible. Tal decisión, hoy especialmente, requiere razones extraordinariamente fuertes para cambiar la posición a favor de la paz y en contra de la guerra” (El desafío de la paz: la promesa de Dios y nuestra respuesta, 1983, #83).

Causa justa [de guerra]. El Catecismo de la Iglesia Católica limita la causa justa sólo a casos en los que “el daño causado por el agresor a la nación o a la comunidad de las naciones sea duradero, grave y cierto” (#2309).

Estamos profundamente preocupados por las recientes propuestas de expandir drásticamente los límites tradicionales de la causa justa para incluir el uso preventivo de la fuerza militar para derrocar regímenes amenazadores o para lidiar con armas de destrucción masiva. Consecuentemente con las prescripciones contenidas en el derecho internacional, debe hacerse una distinción entre los esfuerzos para cambiar la conducta inaceptable de un gobierno y los esfuerzos para poner fin a la existencia de ese gobierno.

Legítima autoridad. A nuestro juicio, las decisiones en lo referente a una posible guerra en Iraq requieren el cumplimiento de las normas constitucionales estadounidenses, un amplio consenso en el seno de nuestra nación, y cierta forma de sanción internacional. Es por eso que las acciones por parte del Congreso y del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas son importantes. Como ha indicado la Santa Sede, si el recurso de la fuerza fuera estimado necesario, debería adoptarse en el marco de las Naciones Unidas luego de tomar en consideración sus efectos en los civiles iraquíes, y la estabilidad regional y global (Arzobispo Jean-Louis Tauran, Secretario del Vaticano para las Relaciones con los Estados, 9 de octubre de 2002).

Probabilidades de éxito y proporcionalidad. El uso de la fuerza debe tener “serias perspectivas de éxito” y “no debe acarrear males y desórdenes peores que el mal a eliminar” (Catecismo, #2309). Reconocemos que no adoptar acciones militares pudiera tener consecuencias negativas. Estamos preocupados, sin embargo, porque la guerra contra Iraq pudiera tener consecuencias impredecibles no sólo para Iraq sino para la paz y la estabilidad en todo el Medio Oriente. El uso de la fuerza pudiera provocar el tipo de ataques que intenta prevenir; pudiera imponer nuevas cargas terribles sobre una población civil que ya sufre hace tiempo, y pudiera conducir a la extensión del conflicto y a la inestabilidad en la región. La guerra contra Iraq pudiera hacernos desistir de la responsabilidad de ayudar a edificar un orden justo y estable en Afganistán y pudiera socavar los esfuerzos para detener el terrorismo.

Normas que gobiernan la conducta bélica. La justicia de una causa no disminuye la responsabilidad moral de cumplir con las normas de la inmunidad y proporcionalidad civil. Si bien reconocemos el mejoramiento de la capacidad y los serios esfuerzos por evitar hacer blanco directo de civiles en la guerra, el uso de la fuerza militar en Iraq pudiera acarrear costos incalculables para la población civil que ha sufrido tanto a causa de la guerra, la represión, y de un debilitante embargo. Al evaluar si los “daños colaterales” son proporcionales, las vidas de los hombres, las mujeres y los niños ira-quíes debieran ser valoradas como lo son las vidas de los miembros de nuestra propia familia y de los ciudadanos de nuestro propio país.

Nuestra valoración de estas cuestiones nos lleva a instar a nuestra nación y al mundo a que continúen buscando otras alternativas a la guerra en el Medio Oriente. Es vital que nuestra nación persista en los desafíos muy frustrantes y difíciles de mantener el apoyo internacional para formas constructivas, eficaces y legítimas de detener las amenazas y acciones agresivas iraquíes. Apoyamos la imposición efectiva del embargo militar y el mantenimiento de sanciones políticas. Reiteramos nuestro llamado para que se adopten sanciones económicas más cuidadosamente, que no amenacen las vidas de civiles iraquíes inocentes. El tema de las armas de destrucción masiva de Iraq debe equipararse con medidas más fuertes y amplias de no proliferación. Tales esfuerzos, basados en el principio de mutuo contenimiento, deben incluir, entre otras cosas, un mayor apoyo a los programas para salvaguardar y eliminar las armas de destrucción masiva en todas las naciones, controles más estrictos sobre la exportación de misiles y tecnología de armamentos, la puesta en vigor efectiva de las convenciones sobre armas biológicas y químicas, de acuerdo con el compromiso estadounidense de buscar negociaciones de buena fe en el desarme nuclear bajo el Tratado de No Proliferación Nuclear.

No existen respuestas fáciles. Nuestros líderes electos son responsables de las decisiones sobre la seguridad nacional, pero albergamos la esperanza de que nuestras preocupaciones e interrogantes morales serán seriamente consideradas por nuestros líderes y por todos los ciudadanos. Invitamos a otros, particularmente al pueblo laico católico –que tiene la responsabilidad principal de transformar el orden social a la luz del Evangelio– a discernir la mejor manera de realizar su vocación de ser “testigos y agentes de paz y de justicia” (Catecismo, #2442). Como Jesús dijo: “Bienaventurados los que trabajan por la paz” (Mt. 5).

Rezamos por todos los que con más probabilidad serían afectados por este conflicto potencial, especialmente el sufrido pueblo de Iraq y los hombres y mujeres que sirven en nuestras Fuerzas Armadas. Apoyamos a los que arriesgan sus vidas en servicio de nuestra nación. También apoyamos a todos los que buscan ejercer su derecho a objetar de manera consciente y selectiva, tal como hemos declarado en el pasado.

Rezamos porque el presidente Bush y los demás líderes mundiales busquen y hallen las vías para retroceder ante el abismo de la guerra con Iraq y busquen una paz que sea justa y duradera. Los urgimos a trabajar con otros para elaborar una respuesta global efectiva a las amenazas iraquíes, que reconozca la legítima autodefensa y se ajuste a los límites morales tradicionales en el uso de la fuerza militar.