La política de los católicos

“El hombre no se puede separar de Dios, ni la política de la moral”

Mario J. Paredes 

Santo Tomás Moro, proclamado por la Iglesia Católica “Patrón de los Gobernantes y Políticos”, afirmó que “el hombre no se puede separar de Dios, ni la política de la moral”.

Con esta conciencia, “el compromiso del cristiano en el mundo, en dos mil años de historia, se ha expresado en diferentes modos. Uno de ellos ha sido el de la participación en la acción política”. Porque como afirmaba un escritor de los primeros días de la Iglesia: los cristianos “cumplen todos sus deberes de ciudadanos”.

Con esta misma convicción y como ha sido constante en el magisterio de la Iglesia a lo largo de los siglos, el papa Juan Pablo II, en la audiencia del 21 de noviembre de 2002, aprobó una Nota Doctrinal sobre “Algunas cuestiones relativas al compromiso y la conducta de los católicos en la vida política”. La Nota está dirigida a los obispos, a los políticos católicos y a todos los fieles laicos llamados a la participación en la vida pública y política.

Dada la importancia y actualidad del tema, me ha parecido conveniente y oportuno subrayar algunos apartes de dicha Nota Doctrinal, además de hacer algunos aportes para la reflexión y tarea pastoral que sobre el tema pueda –concretamente – hacer la Iglesia Católica en los Estados Unidos de América.

La Nota Doctrinal pretende “recordar algunos principios propios de la conciencia cristiana, que inspiran el compromiso social y político de los católicos en las sociedades democráticas. Y ello porque, en estos últimos tiempos, han aparecido orientaciones ambiguas y posiciones discutibles, que hacen oportuna la clarificación de aspectos y dimensiones importantes de la cuestión”.

Principios de la conciencia cristiana, aspectos y dimensiones importantes de la relación catolicismo y política, tales como:

El actual debate cultural y político: porque la sociedad civil se encuentra hoy dentro de un complejo proceso cultural que marca el fin de una época y la incertidumbre por la nueva que emerge en el horizonte; transición que en ambientes académicos se está llamando “de la modernidad a la postmodernidad”,  marcada –entre otras muchas características – por las grandes conquistas que la humanidad ha realizado en el progreso y la adquisición de condiciones de vida más humanas, y la mayor responsabilidad hacia los países en vías de desarrollo que muestra la creciente sensibilidad por el bien común.

Pero, junto a estos logros, hay que profetizar contra los graves peligros hacia los que algunas tendencias culturales tratan de orientar las legislaciones y, por consiguiente, los comportamientos de las futuras generaciones: un relativismo cultural y moral predicado y exigido como posibilidad única de verdadera democracia, y que se limita y concreta a la condescendencia con ciertas orientaciones culturales o morales transitorias, como si todas las posibles concepciones de la vida tuvieran igual valor, e invocando engañosamente “la tolerancia”, se pide a una buena parte de los ciudadanos – incluidos los católicos – que renuncien a contribuir a la vida social y política dentro de sus propios países.

Porque la verdadera libertad política ha de estar basada sobre el hecho de que las actividades políticas apuntan hacia la realización extremadamente concreta del verdadero bien humano y social en un contexto histórico, geográfico, económico, tecnológico y cultural bien determinado.

La Iglesia es consciente de que la vía de la democracia, aunque sin duda expresa mejor la participación directa de los ciudadanos en las opciones políticas, sólo se hace posible en la medida en que se funda sobre la centralidad y la recta concepción de la persona que ha de fundarse en la certeza y dignidad que tenemos de ser hijos de Dios, señores de la naturaleza y de la historia y hermanos de todos los hombres. El respeto de la persona es, por lo demás, lo que hace posible la participación democrática.

Por otra parte, las conquistas científicas han permitido alcanzar objetivos que sacuden la conciencia e imponen la necesidad de encontrar soluciones capaces de respetar, de manera coherente y sólida, los principios éticos. Juan Pablo II, ha reiterado que quienes se comprometen directamente en la acción legislativa tienen la “precisa obligación de oponerse” a toda ley que atente contra la vida humana, porque está en juego la esencia del orden moral, que concierne al bien integral de la persona. Éste es el caso de:

•Las leyes civiles en materia de aborto y eutanasia, que deben velar por el derecho primario a la vida desde su concepción hasta su término natural.

•La tutela y la promoción de la familia, fundada en el matrimonio monogámico entre personas de sexo opuesto y protegida en su unidad y estabilidad, frente a las leyes modernas sobre el divorcio.

•La libertad de los padres en la educación de sus hijos es un derecho inalienable, reconocido además en las declaraciones internacionales de los derechos humanos.

•La tutela social de los menores y la liberación de las víctimas de las modernas formas de esclavitud.

•El derecho a la libertad religiosa.

•El desarrollo de una economía que esté al servicio de la persona y del bien común, en el respeto de la justicia social, del principio de solidaridad humana y de subsidiariedad, según el cual deben ser reconocidos, respetados y promovidos “los derechos de las personas, de las familias y de las asociaciones, así como su ejercicio”.

•El gran tema de la paz, que es siempre “obra de la justicia y efecto de la caridad”, exige el rechazo radical y absoluto de la violencia y el terrorismo, y requiere un compromiso constante y vigilante por parte de los que tienen la responsabilidad política.

Entonces, es comprensible que en la misión de impregnar el mundo con los valores y la luz del Evangelio, sea necesario y urgente que la Iglesia enseñe sobre la actividad política y sobre la manera y criterios con los cuales los católicos hemos de participar activamente en ella.

Pero, de la misma manera y ya que las verdades de fe constituyen una unidad inseparable, no es comprensible ni aceptable el contubernio – constatable en la historia – establecido entre las jerarquías de la Iglesia Católica con algunos partidos y gobiernos con teorías y legislaciones abiertamente contrarias al Evangelio y al magisterio perenne de la Iglesia, ni es lógico el aislamiento de uno solo de sus contenidos doctrinales en detrimento de la totalidad de la doctrina católica.

Por eso, se crean graves confusiones cuando no hay coherencia entre la fe y la vida, entre el Evangelio que se anuncia y la cultura que se construye; cuando lo anunciado no es creído ni creíble, cuando lo predicado no corresponde a la experiencia cotidiana de quienes hacen magisterio en la Iglesia. Peor aún, cuando en el seno mismo de algunas asociaciones u organizaciones de inspiración católica, surgen orientaciones de apoyo a fuerzas y movimientos políticos que han expresado posiciones contrarias a la enseñanza moral y social de la Iglesia en cuestiones éticas fundamentales.

Porque a pesar del descrédito de los partidos y de los políticos existente en el mundo de hoy, y del desgaste de las democracias representativas debido a los manejos corruptos de la cosa pública, la actividad política será siempre un elemento imprescindible y vital para la organización y orientación de la dimensión social de todo hombre en la búsqueda del bien común y para la construcción de la sociedad.

Iluminados por el Evangelio de Jesucristo, a los católicos nos corresponde exigir del hombre público valores tales como: la verdad, la justicia, el afán por el bien de todos –especialmente el bien de los débiles y empobrecidos–, solidaridad, pulcritud, transparencia y máxima honestidad en el manejo de los fondos públicos y, al mismo tiempo, el rechazo absoluto de los politiqueros que pretenden –en el ejercicio de lo público– el propio interés y la burla de los valores evangélicos y universales.

Pero nos corresponde, sobre todo, participar en la política. Es decir, en la “multiforme y variada acción económica, social, legislativa, administrativa y cultural, destinada a promover orgánica e institucionalmente el bien común que comprende la promoción y la defensa de bienes tales como el orden público y la paz, la libertad y la igualdad, el respeto de la vida humana y el ambiente, la justicia, la solidaridad”, pues la abstención política es otra –y la peor– manera de participación: la de ayudar a mantener el statu quo, casi siempre mejorable y perfectible. Dicho de otro modo, el católico no puede renunciar a tal compromiso cristiano, o delegar en otros el compromiso que proviene del Evangelio de Jesucristo, para que la verdad sobre el hombre y el mundo pueda ser anunciada y realizada.

Finalmente, porque cuenta más el testimonio y la experiencia de vida que la demagogia, y más los hechos que la vana palabrería, en una sociedad cada vez más posmoderna, joven, pluralista y multicultural como la norteamericana, mientras la Iglesia Católica no se comprometa a predicar con el ejemplo y logre articular un discurso claro, diáfano, transparente, con autoridad moral, es decir, testimonial y coherente con el Evangelio, es difícil que estas enseñanzas –por ciertas y nobles que sean– tengan eco y pasen de la tinta y del papel a la práctica cotidiana de la vida.

Profesor de filosofía y ex director del Centro Pastoral de la Región Nordeste de los Estados Unidos para el Ministerio Hispano.