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Lecciones
aprendidas, lecciones compartidas
La arquidiócesis discute la crisis por el abuso
sexual
con líderes religiosos de otras confesiones
Ana Rodríguez-Soto
The Florida Catholic
Calificando su experiencia como “parte de nuestro viaje de
sanación”, funcionarios de la Arquidiócesis de Miami
compartieron lo que han aprendido y lo que están haciendo acerca
del escándalo por el abuso sexual de miembros del clero, con
líderes religiosos de otras confesiones.
“Si hay algo que podamos hacer para ayudarles a ustedes, o si
hay algo que ustedes hayan implementado que nos pueda ayudar a
nosotros, por favor, déjennos saberlo”, dijo Mons. William
Hennessey, vicario general de la arquidiócesis.
Más de una docena de ministros protestantes y un rabino judío
asistieron al almuerzo, el 27 de abril, en el Country Club de
Miami Shores. Más de 100 líderes de comunidades religiosas del
sur de la Florida habían sido invitados.
Para explicar la política y los procedimientos de la
arquidiócesis, estuvieron presentes: Vicki Kaufmann,
coordinadora de asistencia a las víctimas; el Hno. Marista
Joseph Teston, coordinador del programa Safe Environment (Ambiente
Seguro), y Dianne Trillo, especialista en recursos humanos, que
coordina las verificaciones de antecedentes de todo el personal
y de los voluntarios que trabajan en la arquidiócesis.
“Teníamos implementada una política desde mediados de la década
de 1980”, dijo Mary Ross Agosta, directora de comunicaciones de
la arquidiócesis.
Esa política se fue reajustando con el transcurso de los años,
para adaptarla a las directivas de los obispos estadounidenses y
a los cambios en las leyes del estado de la Florida. Mientras
que la ley de la Florida exige reportar las sospechas de abuso
sexual o físico contra menores de edad, la arquidiócesis también
reporta las alegaciones de abusos pasados, hechas por personas
que ya no son menores.
“Reportamos todas las alegaciones a los funcionarios
policiales”, dijo Ross Agosta, quien añadió que “el 90 por
ciento de nuestra política estaba ya implementada antes de
Dallas, 2002”, la reunión donde los obispos estadounidenses
adoptaron los Estatutos para la Protección de Niños y Jóvenes,
por los que tienen que regirse actualmente todas las diócesis de
los Estados Unidos.
A principios de los años 90, la arquidiócesis comenzó a tomar
las huellas digitales de todos los maestros de sus escuelas. En
1999, la política de tomar las huellas digitales se amplió para
cubrir a todos los empleados, incluyendo a los sacerdotes,
diáconos y religiosos, y a cualquier voluntario que trabaje más
de 20 horas semanales en una instalación de la arquidiócesis, y
que disponga de acceso no supervisado a niños.
Esta política también se aplica a quienes trabajan con adultos
vulnerables en asilos y hospitales.
Las huellas digitales se envían al Florida Department of Law
Enforcement (Departamento de Policía de la Florida), y, en
algunos casos, al FBI, que localiza los antecedentes delictivos
fuera del estado de la Florida.
“Hemos evaluado el nivel de riesgo, para establecer quién debe
someterse a la verificación nacional y quién debe someterse a la
verificación estatal”, dijo Trujillo, añadiendo que la
verificación nacional de antecedentes es especialmente útil en
una región de tránsito como el sur de la Florida.
Mons. Hennessey dijo que la arquidiócesis podría tener hasta
10,000 voluntarios trabajando en parroquias y ministerios.
También explicó que, antes de otorgarle a cualquier sacerdote el
permiso para ejercer sus facultades en la arquidiócesis, debe
tener, por escrito, la aprobación de su obispo o de su superior
religioso.
Kaufmann, la coordinadora de asistencia a las víctimas, dio su
número para llamadas gratuitas: 1-866-80-ABUSE.
Ella es el punto de contacto inicial para cualesquiera personas
que hayan sufrido algún abuso por parte de un miembro del clero.
Kaufmann las refiere a las autoridades civiles y a la
arquidiócesis, y las orienta sobre cómo obtener ayuda sicológica
y espiritual.
“Considero que esto es, realmente, un ministerio de la Iglesia
para tratar de ayudar y de sanar a quienes han sido afectados
por abusos sexuales”, dijo Kaufmann.
El Hno. Teston expuso el funcionamiento de Virtus, el programa
de Ambiente Seguro adoptado por la arquidiócesis para enseñar a
los empleados de la Iglesia y a los padres a percibir las
señales de abuso en los niños, así como a identificar a los
abusadores potenciales. Ochenta personas han sido capacitadas
hasta ahora como “facilitadores”, y se ha designado a un
coordinador de área para cada uno de los nueve deanatos, o
divisiones geográficas de la arquidiócesis. Su tarea consiste en
exponerles el programa a los padres y los maestros en las
parroquias y las escuelas.
“El propósito es hacer que la gente empiece a hablar de esto.
Desenterrar parte del problema, para que la gente tome
conciencia de toda la situación”, dijo el Hno. Teston. “Es
increíble lo que sucede cuando la gente empieza a abrirse”.
La arquidiócesis también aspira a desarrollar un programa
similar a Virtus, que podría enseñarse a los niños para
ayudarlos a evitar situaciones que pudieran ponerlos en peligro.
“¿Estamos completamente satisfechos? No. Todavía hay muchísimo
por hacer. Pero, paso a paso, se va ganando experiencia para
mejorarlo todo”, dijo el Hno. Joseph Teston.
“Quizás fue una suerte para nuestro país que una institución tan
grande como la Iglesia Católica fuera golpeada por esto, pues
así podemos ayudar a los demás que necesiten ayuda”, dijo Mons.
Hennessey. “Les atribuyo un gran crédito por hacer esto”, dijo
el Rev. David Rees, ministro principal de Church by the Sea, de
Bal Harbor.
“Lamento que más ministros protestantes no hayan respondido.
Este problema es de todos”, añadió, aunque señaló que la
pedofilia preocupa menos a las iglesias protestantes que la
conducta sexual indebida por parte de sus ministros con
feligreses adultos. Sin embargo, dijo el Rev. Rees, “hemos
rogado por nuestros hermanos y hermanas de la Iglesia Católica
mientras se enfrentan a esta situación”.
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