Los católicos en la vida política

Declaración de la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos, aprobada en su asamblea especial de junio y hecha pública el 7 de julio de 2004

Nos dirigimos a ustedes como obispos, como maestros de la fe católica y de la ley moral. Tenemos la obligación de enseñar sobre la vida humana y la dignidad, el matrimonio y la familia, la guerra y la paz, las necesidades de los pobres y las exigencias de la justicia. Hoy continuamos nuestros esfuerzos de enseñar sobre un asunto singular e importante que ha surgido recientemente como fuente de preocupación tanto para los católicos como para otras personas.

Desde un principio, la Iglesia Católica ha enseñado, basada en su entendimiento del testimonio de su Señor respecto a la santidad de la vida humana, que el dar la muerte a una criatura por nacer es siempre algo intrínsicamente perverso y nunca puede ser justificado. Si las personas que practican un aborto, y las que cooperan voluntariamente en esa acción, son totalmente concientes del objetivo malévolo de su actuar, están cometiendo un pecado grave y, por consiguiente, están separándose ellas mismas de la gracia de Dios. Esta es la enseñanza trasmitida de manera permanente por la Iglesia. Esta es también la convicción de muchas personas de buena voluntad.

Legalizar esta acción, que es intrínsicamente perversa, es en sí algo malo. Este es un punto que recientemente se ha enfatizado más en la enseñanza católica oficial. Se puede decir que tal sistema legal coopera con esa maldad cuando no protege la vida de aquellos que no tienen protección alguna, excepto bajo la ley. En los Estados Unidos de América, el aborto solicitado se ha convertido en un derecho constitucional por medio de una decisión de la Corte Suprema. El no proteger la vida de los miembros inocentes e indefensos de la raza humana, es pecar contra la justicia. Por lo tanto, quienes formulan las leyes tienen la obligación de conciencia de trabajar para rectificar las leyes defectuosas en lo moral, para no ser culpables de cooperar en esa maldad y de pecar contra el bien común.

Así como nuestra Conferencia ha insistido en Ciudadanos Comprometidos, los católicos que viven sus convicciones morales en la vida pública no son una amenaza a la democracia o al pluralismo; más bien los enriquecen; al igual que a la nación. La separación entre la iglesia y el Estado no exige una división entre la creencia y la acción pública, entre los principios morales y las opciones políticas; más bien protege los derechos de los creyentes y de los grupos religiosos a practicar su fe y a vivir sus valores en la vida pública.

En estos momentos, nuestra obligación como obispos es enseñar claramente. Es con solicitud pastoral hacia todos los que participan en el proceso político que también advertiremos a los funcionarios públicos católicos que su apoyo persistente al aborto solicitado les pone en riesgo de hacerles colaboradores de esta maldad de una manera pública. Insistiremos en nuestro deber de dar consejo, con la esperanza de que el escándalo que representa su cooperación en dicha maldad pueda resolverse con la adecuada formación de su conciencia.

Habiendo recibido un extenso informe interino del Grupo de Trabajo sobre Obispos Católicos y Políticos Católicos, y esperando recibir el informe completo, destacamos varios puntos del informe interino que sugieren algunas directrices para nuestro esfuerzo:

• Debemos continuar enseñando claramente –y ayudar a otros líderes católicos a enseñar claramente– sobre nuestro inquebrantable compromiso con la protección legal de la vida humana, desde el momento de la concepción hasta la muerte natural. Nuestra enseñanza sobre la vida y la dignidad humanas deberá reflejarse en nuestras parroquias y en nuestros ministerios dedicados a la educación, al cuidado de la salud y a los servicios sociales.

• Debemos hacer mucho más para persuadir a todos de que la vida humana es preciosa y que la dignidad humana debe ser defendida. Esto requiere de un diálogo y de un compromiso más eficaz con los funcionarios públicos, especialmente con los funcionarios públicos católicos. Acogemos gustosos todo diálogo iniciado por los propios líderes políticos.

• Los católicos deben vivir y apoyar estos principios y políticas en la vida pública. La transformación del mundo es la vocación especial de los laicos. Debemos animar esta vocación y esforzarnos más para que todos los creyentes participen en esta misión. Como obispos, no apoyamos ni nos oponemos a ningún candidato. Más bien, queremos formar la conciencia de nuestro pueblo para que todos analicen la posición de los candidatos y hagan su selección basados en la enseñanza moral y social católica.

• La comunidad católica y las instituciones católicas no deben honrar a quienes realicen acciones que desafían nuestros principios morales básicos. No debe dárseles premios, honores o plataforma alguna que pueda sugerir un apoyo a sus acciones.

• Nos comprometemos a mantener la comunicación con los funcionarios públicos, que son quienes diariamente toman las decisiones que afectan asuntos concernientes a la vida y la dignidad humanas.

La Eucaristía es la fuente y la cumbre de la vida católica. Por lo tanto, como todas las generaciones católicas que nos precedieron, debemos guiarnos por las palabras de San Pablo: “Por lo tanto, el que come el pan o bebe la copa del Señor indignamente peca contra el cuerpo y la sangre del Señor” (1 Cor 11:27). Esto quiere decir que todos deberán hacer un examen de conciencia para ver si son dignos de recibir el Cuerpo y la Sangre de nuestro Señor. Este examen incluye fidelidad a la enseñanza moral de la Iglesia en la vida pública y en la vida privada.

La pregunta planteada es si es necesario negarles la Santa Comunión a algunos católicos que están en la vida pública debido a su apoyo al aborto solicitado. Dado el número de circunstancias que es preciso tener en cuenta para llegar a un juicio prudencial sobre un asunto tan serio, reconocemos que ésta es una decisión que deberá tomar cada uno de los obispos, de acuerdo con los principios canónicos y pastorales establecidos. Los obispos pueden, en forma legítima, formular juicios diferentes sobre el camino más prudente de acción pastoral. Sin embargo, todos compartimos el compromiso inequívoco de proteger la vida y la dignidad humanas y de predicar el Evangelio en tiempos difíciles.

Las tendencias polarizantes y politizadas de un año electoral pueden crear circunstancias en las que la enseñanza católica y la práctica sacramental pueden ser manipuladas con fines políticos. El respeto por la Sagrada Eucaristía, de manera especial, exige que sea recibida dignamente y que sea vista como la fuente de nuestra misión común en el mundo.

 Redactado por el Equipo de Trabajo sobre los Obispos Católicos y los Políticos Católicos, de la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos (USCCB), en colaboración con el Cardenal Francis George, OMI, el Arzobispo Charles J. Chaput, OFMCap, y el Obispo Donald W. Wuerl. Su publicación fue aprobada por el cuerpo en pleno de los obispos en su Reunión General de junio de 2004, y ha sido autorizada por

Mons. William P. Fay, Secretario General, USCCB.