La Comisión Nacional de Derechos Humanos de México (CNDH) lamentó el 6 de marzo el imparable avance en Estados Unidos de leyes contra los inmigrantes inspiradas en la Propuesta 200, adoptada el pasado diciembre en el estado de Arizona.

Para el titular de la CNDH, José Luis Soberanes, dicha normativa “constituye un precedente que está alentando el establecimiento de medidas similares en otros lugares” de Estados Unidos.

En la ciudad de Los Ángeles existe un memorando de las autoridades locales, que aún no ha entrado en vigor, que “podrá autorizar a los jefes de policía de esa ciudad a realizar labores de inmigración en las cárceles”, señaló la oficina.

En Arkansas, otra ley estipula “restringir a los trabajadores indocumentados los servicios públicos” y “reforzar las medidas para evitar que participen en cualquier tipo de comicios”.

Entre los servicios que se les niegan se incluye la atención médica prenatal para las indocumentadas.

En Colorado, una organización civil impulsa un plebiscito “para poner en vigor una legislación equivalente a la Propuesta 200”, indica la CNDH, que recuerda que ese mismo propósito existe en California, Idaho, Nevada y Georgia.

La dependencia advirtió también que, en Arizona, aproximadamente 400 veteranos de guerra y expolicías se han inscrito en el proyecto “Minuteman” (milicia), que empezará a operar el 1 de abril, y que consiste en “participar directamente en las labores de vigilancia de la frontera con México para detectar y aprehender” a indocumentados.

Finalmente, recuerda la trascendencia de la llamada Ley de Identidad Real (“Real ID Act”), adoptada por la Cámara Baja del Congreso de Estados Unidos, y que se debate en el Senado.

Esta normativa autorizaría “la construcción de bardas, el aumento de las patrullas fronterizas y la negación de licencias de conducción a trabajadores que no cuenten con documentos migratorios”.

Para la CNDH “cada país tiene pleno derecho a establecer sus propias políticas migratorias, pero advierte a Estados Unidos que “no puede ignorarse ni despreciarse” la aportación de los inmigrantes a la economía de dicho país.

Ello “debe hacerlos sujetos de la protección social y los beneficios que otorga el Estado y, en todos los casos, de recibir un trato digno y respetuoso a sus derechos fundamentales”, concluye el comunicado de la CNDH.