El Presidente de la Conferencia Episcopal Alemana, Cardenal Karl Lehmann, afirmó el 22 de marzo que “ningún Estado tiene el derecho de influir, obstaculizar o castigar una decisión de un individuo sobre sus creencias personales” en relación al caso de Abdul Rahman, un afgano convertido del Islam al cristianismo, a quien podría condenársele a muerte en Afganistán por haber abandonado la fe musulmana.

El purpurado expresó que el caso de Rahman en Afganistán, estado en donde convertirse del Islam a otra religión es un delito grave, es “una señal alarmante” para la libertad religiosa, y pidió al gobierno afgano que se “distancie claramente” del juicio. “Ningún Estado tiene el derecho de influir, obstaculizar o castigar una decisión de un individuo sobre sus creencias personales”, agregó.

Por su parte, la ministra de Cooperación alemana, Heidemarie Wieczorek-Zeul, indicó que “la libertad religiosa debe valer para todo ser humano en el mundo”, al informar al diario Bild que se dirigirá al presidente afgano, Hamid Karzai, para interceder por Rahman, de 41 años, quien vivió nueve años (hasta 2002) en Alemania, en donde se convirtió al cristianismo. Asimismo, Fritz Kuhn, jefe parlamentario de los Verdes, destacó que “cambiar de fe y profesarla debe ser un derecho” en cualquier parte.

El ministro de Relaciones Exteriores, Frank-Walter Steinmeier, manifestó estar “muy preocupado” y dispuesto a “intervenir personalmente en caso necesario”, y espera que Afganistán suscriba los derechos humanos “no sólo sobre el papel”, como hace en su Constitución y acuerdos internacionales.

Asimismo, el secretario de Estado de Defensa, Friedbert Pflüger, comentó que las leyes que condenan a Rahman “son indefendibles y tienen que provocar la protesta internacional”, y Florian Toncar, portavoz de derechos humanos de los liberales, exige que si la sentencia se confirma, “Berlín cuestione su presencia” en Afganistán, y pide que el gobierno alemán promueva una posición conjunta de los 25 estados de la Unión Europea en la próxima cumbre.

Abdul Rahman fue denunciado por su propia familia ante las autoridades afganas. Se ha negado a reconocerse como musulmán, y por ello los tribunales ya le ha anticipado que, de continuar en esa posición, de acuerdo a sus leyes, tendrán que condenarlo a muerte. Al parecer, la Constitución de Afganistán, pese a incluir el derecho de las minorías a profesar su religión, establece que los musulmanes deben seguir estrictamente el Islam.