Congreso y Casa Blanca anuncian marco para debate de reforma migratoria

El Congreso y la Casa Blanca acordaron el 17 de mayo el marco de una reforma migratoria integral que fortalece la seguridad fronteriza y abre una vía para la legalización de quienes entraron ilegalmente a los Estados Unidos antes de enero de 2007.

El acuerdo, anunciado luego de tres meses de negociaciones entre demócratas, republicanos y la Casa Blanca, será la base del debate sobre el plan de reforma que comenzará en el Senado.

El plan cuenta con la venia del presidente George W. Bush, quien dijo, desde los jardines de la Casa Blanca, que está “ansioso” de firmar una reforma lo antes posible. En su opinión, el plan “crearía un sistema de inmigración seguro, productivo, ordenado y justo”.

Durante una rueda de prensa, los principales negociadores del pacto, de más de 300 páginas, insistieron en que no se trata de una “amnistía” y que el debate permitirá la discusión de enmiendas.

El Senado prevé dedicarse casi exclusivamente al asunto durante al menos dos semanas. Cualquier versión que salga del Senado tendrá que ser armonizada con la que apruebe la Cámara de Representantes.

Los legisladores dejaron claro que quieren evitar los errores de la reforma de 1986, que no frenó la inmigración ilegal hacia Estados Unidos.

“Este plan no es perfecto, pero es un proyecto de ley sólido y una solución que vale la pena”, dijo el senador Edward Kennedy, demócrata por Massachusetts.

Por su parte, el senador Arlen Specter, republicano por Pensilvania, señaló que además de permitir que los indocumentados “se ganen el derecho” de la residencia permanente, el plan “restablecerá el imperio de la ley” en la frontera sur.

El senador republicano (Arizona) y aspirante presidencial John McCain afirmó que, con este acuerdo, el mensaje para los empleadores es que el gobierno no tolerará más la contratación de inmigrantes clandestinos.

Otro republicano, Lindsey Graham (Carolina del Sur), afirmó que el pacto contribuirá a la competitividad del mercado laboral estadounidense y permitirá que “tanto el que tiene un doctorado como un jardinero tengan la oportunidad de convertirse en americanos”.

Demócratas y republicanos, así como los secretarios de Comercio, Carlos Gutiérrez, y de Seguridad Nacional, Michael Chertoff, coincidieron en que aunque será un proyecto muy difícil de negociar, 2007 es el año del “ahora o nunca” para la reforma, ya que el próximo año se realizarán elecciones presidenciales.

Entre los principales elementos del acuerdo bipartidista, los doce millones de inmigrantes indocumentados que se calcula viven en Estados Unidos recibirán un permiso de trabajo y podrán solicitar una visa “Z”.

Pero tendrán que cumplir con una serie de requisitos, como pagar una multa de $5,000, dominar el inglés y carecer de antecedentes penales. Además, el cabeza de hogar tendría que regresar a su país de origen en un plazo de ocho años antes de continuar los trámites.

Como concesión al ala conservadora del Partido Republicano, el plan también prevé la duplicación del número de inspectores y agentes de la Patrulla Fronteriza, y la construcción de más cercas en la zona.

Además, se establecería un programa de trabajadores temporales en el que se concederían 400,000 visas “Y” por año, pero con esos documentos los beneficiarios sólo podrían vivir en Estados Unidos por tres períodos separados de dos años cada uno.

Este programa temporal entraría en vigor siempre y cuando el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ponga en marcha los nuevos perímetros de seguridad en las fronteras.

Los demócratas lograron mantener los principios de reunificación familiar, con el objetivo de que se reduzcan las demoras para unos cuatro millones de familias que iniciaron sus trámites migratorios antes de mayo de 2005.

Las autoridades también otorgarían visados especiales para trabajadores agrícolas.

Los estudiantes indocumentados que llegaron pequeños a Estados Unidos y aspiran a una educación universitaria también podrían solicitar una visa “Z” de tres años, para después pedir la residencia permanente.

Entre los puntos más controversiales figura un sistema de puntos, aún en ciernes, que, con base en los niveles educativos y salariales y nexos familiares de los inmigrantes, determinaría si éstos son dignos o no de una tarjeta verde.

Aunque se trata únicamente de un marco general para el debate –para convertirse en ley tiene que ser aprobado por ambas cámaras del Congreso–, el plan ya suscitó críticas de legisladores conservadores de la Cámara de Representantes.

La aprobación de esta reforma beneficiaría tanto al Presidente Bush, que quiere dejar un legado en este campo, como a los demócratas que ahora controlan el Congreso.

Reacciones contradictorias

El acuerdo pactado entre el Congreso y la Casa Blanca para el debate de una reforma migratoria integral ya generó descontento entre grupos de todo el espectro político en Estados Unidos.

Dentro y fuera del Congreso, el acuerdo-marco (que tiene que ser aprobado por ambas cámaras del Legislativo para convertirse en ley) renovó las viejas disputas sobre la respuesta más adecuada a la presencia de los doce millones de indocumentados en Estados Unidos, y cómo regular los futuros flujos migratorios.

Muchos legisladores moderados y grupos pro-inmigrantes lo acogieron como un buen punto de partida, pero recomendaron modificaciones.

Los legisladores hispanos, junto a la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi (D-California), instaron al Congreso a que apruebe este año una iniciativa migratoria “dura pero justa, que trate a los inmigrantes de forma digna”.

El líder de la mayoría demócrata en el Senado, Harry Reid (Nevada), manifestó “graves preocupaciones” sobre algunos aspectos del acuerdo, entre ellos el plan de trabajadores temporales, y anotó que “tenemos que mejorar este proyecto durante el proceso legislativo”.

Los congresistas de corte conservador –incluido el senador demócrata Robert Byrd (West Virginia), y grupos afines– inmediatamente lo rechazaron como una “amnistía” disfrazada de reforma que, a su juicio, no merecen los inmigrantes indocumentados.

El senador republicano Charles Grassley (Iowa) criticó que el plan se hubiera pactado sin audiencias y sin ofrecer datos sobre el impacto y los costos de varios de sus elementos.

Algunos aspirantes presidenciales, como el senador republicano John McCain (Arizona) y la senadora demócrata Hillary Clinton (Nueva York), también reaccionaron al acuerdo.

Durante una rueda de prensa en la que se anunció el acuerdo, McCain dijo que apoya el convenio porque castigará la contratación de indocumentados y evitará los errores de la amnistía de 1986, que no frenó la inmigración ilegal.

Hillary Clinton, que no estuvo en la rueda de prensa, afirmó en un comunicado que hará un “escrutinio cuidadoso” del compromiso bipartidista, “para ver si honra nuestros principios y herencia de inmigrantes, a la vez que respeta el imperio de la ley”.

El grupo NumbersUSA tachó el pacto de “desastroso”, por considerar que sólo premiará a quienes violan las leyes migratorias y alentará “otra inundación de inmigrantes ilegales” en Estados Unidos.

Grupos como el Consejo Nacional de la Raza, el Foro Nacional de Inmigración y el Fondo Mexicoamericano para la Educación y la Defensa Legal (MALDEF) señalaron en sus respectivos comunicados que se trata, después de todo, de un “punto de partida”, y quieren ver mejoras al proyecto final.

Eliseo Medina, vicepresidente ejecutivo del Sindicato Internacional de Empleados de Servicio (SEIU), se quejó de que el programa de trabajadores temporales, por naturaleza, sólo da una solución a corto plazo para cientos de indocumentados y creará “una fuerza laboral de segunda clase”.

“El SEIU no apoyará una repetición de fallidos programas temporales que minan las protecciones laborales, deprimen los salarios de los trabajadores estadounidenses y aumentan el caos de nuestro maltrecho sistema de inmigración”, dijo Medina.

Mientras, el presidente de la federación sindical AFL-CIO, John Sweeney, lamentó que el pacto “no responde a las raíces de la crisis de inmigración” y que el programa de trabajadores temporales, tal como está concebido, creará dos categorías de trabajadores sin las debidas protecciones.

Ali Noorani, director ejecutivo de la Coalición de Inmigración de Massachusetts, comentó que el acuerdo allana el camino para el debate migratorio en el Congreso, aunque “falta comprobar cuán práctico y realista es el pacto alcanzado”.

José Lagos, presidente de la Unidad Hondureña, señaló que el convenio “no es absoluto” y sirve de base para negociar una reforma que “ponga fin a las redadas, detenciones y deportaciones” que han sembrado el miedo en la población inmigrante.