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La Justicia Juvenil en la Florida:
Crucifixión sin resurrección
Yédica Leal
La Voz Católica
Si su hijo adolescente comete una “travesura” y es arrestado, le
puede costar su futuro. Según la ley de la Florida, si un menor
es arrestado, sus huellas digitales son puestas en el sistema
del Departamento de Policía de la Florida (FDLE, por su sigla en
inglés); su expediente penal se vuelve casi permanente, su
información personal se hace pública y muchos de sus derechos
son revocados.
“La adolescencia es la etapa donde muchos jóvenes se meten en
problemas, pero eso no debería afectarlos por el resto de sus
vidas”, explica Carlos Martínez, defensor público adjunto
principal del condado Miami-Dade. “Un delincuente adulto tiene
derecho a recibir clemencia por su crimen después de cumplir su
sentencia, y un delincuente juvenil no puede recibir clemencia y
tiene que seguir cargando con su crimen”, explica.
En el estado de la Florida, 90,000 adolescentes son arrestados
anualmente. De esa cifra, 10,000 son arrestados en los condados
de Miami-Dade y Broward, respectivamente. Treinta por ciento de
estos casos son desviados (no son llevados a corte), y los
expedientes son sellados. “El resto de los casos no califican
para ser desviados, y casi siempre son los jóvenes de familias
de bajos recursos los que sufren, ya que los padres no pueden
dejar de trabajar para asistir a las audiencias del tribunal”,
explica Martínez, quien –junto con un grupo de 25 comisionados–
es coautor de un proyecto de ley que propone cambios a las leyes
de Justicia Juvenil. El proyecto fue presentado al gobernador de
la Florida, Charlie Crist, el pasado 5 de febrero.
Una de las sugerencias presentadas al gobernador de la Florida
por el proyecto de ley Charting a Path to Redemption
(“Trazando el camino a la redención”), es la
implementación de una edad mínima para que un niño sea
encausado. En la Florida, si un adolescente es arrestado por
cometer un delito grave a partir de los 14 años, puede ser
juzgado como adulto, y al recibir una sentencia como adulto,
queda inmediatamente descalificado para obtener la beca
académica estatal Bright Futures Scholarship.
Un expediente juvenil también los excluye de obtener ciertas
licencias ocupacionales o de negocios en la Florida. “Varias
leyes y reglamentos impiden que personas adultas, que quizás
cometieron un crimen cuando tenían 15 años, y que no han
cometido otro delito desde entonces, lleguen a ser algo tan
común como barbero, fumigador o masajista”, explica Martínez,
agregando: “Eso les impide obtener más de 700,000 empleos”.
El proyecto de ley tiene como enfoque principal la prevención y
la rehabilitación de los delincuentes juveniles para reducir la
reincidencia, mejorar la competencia educacional y producir
resultados positivos. “Las estadísticas confirman que los
adolescentes que entran en el sistema judicial tienen más
probabilidad de volver a cometer delitos. La clave es la
prevención”, señala Martínez.
La oficina del Defensor Público coordina talleres para orientar
a ex delincuentes que califican para sellar o borrar su
expediente penal, para restituir sus derechos de empleo y para
obtener clemencia por parte del gobernador. Estos talleres,
establecidos por Martínez, también incluyen un programa
educativo de prevención para padres y estudiantes de diferentes
colegios públicos y privados, donde se les presentan las
consecuencias de un arresto.
Uno de los colegios que ha recibido este taller es el colegio
católico para varones Belen Jesuit Preparatory School, de Miami.
“Casi todos los estudiantes con los que hemos hablado tienen la
misma reacción. Se sienten indignados con la dureza de la ley y
consideran que sus consecuencias son injustas”, señala Martínez.
“Si como sociedad previniéramos e interviniéramos más,
estaríamos ayudando a rehabilitar a los delincuentes y a reducir
el número de víctimas”, explica Martínez.
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